Una
sentencia de la Corte Suprema, donde se señala que el burgomaestre Roberto
Torres solo debió ser sancionado administrativamente, mas no por peculado al
haber usado la camioneta del municipio para fines distintos a los de su función
pública presentaron el abogado Germán Vásquez Merino y el grupo de asesores
legales del alcalde de Chiclayo.
El
argumento de esta nueva prueba, según Vásquez Merino, es que la autoridad edil no infringió el artículo
388 del Código Penal. “Beto Torres debió ser castigado en la vía administrativa
pero no condenado. Él aceptó que usó el vehículo para otros fines, pero el
delito no lo alcanza”, refirió.
Por su
parte, Jimy García, integrante de la Segunda Sala de Apelaciones, que sentenció
al burgomaestre, expresó que esta sentencia no contiene los mismos elementos de
acción que la revisada en el caso de Torres González.
Así mismo, el equipo de defensa legal presentará esta sentencia
como elemento de jurisprudencia para fortalecer la medida cautelar que dejó sin
efecto la sentencia contra Torres Gonzáles.
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